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Yatasto

Buscan extender la mediación obligatoria antes de un juicio

Ir a una mediación antes de iniciar un juicio seguirá siendo obligatorio en Salta si prospera el proyecto que se está analizando en el Ministerio de Justicia de la Provincia. La instancia de diálogo se había impuesto como un paso necesario, hasta octubre de 2014, para tratar de descomprimir el sistema judicial y evitar miles de causas por conflictos familiares, vecinales o laborales. La ley provincial 7.324 prohibió que, durante cinco años, se inicie un juicio civil antes de que las partes traten de llegar a un acuerdo con la intervención de un mediador. Solo si fracasa el intento de consensuar, se puede continuar con el proceso en el que un juez debe dictar una resolución para terminar con el problema. El objetivo de la norma es que la población conozca los beneficios de un mecanismo que permite arreglar dificultades comunes sin esperar los tiempos de la Justicia ni congestionar los juzgados con cuestiones que pueden solucionarse de otra forma y con menos gastos.
La mediación obligatoria empezó a regir en toda la provincia en octubre de 2009 y debía aplicarse hasta octubre de 2014, pero en el Ministerio de Justicia de Salta analiza enviar un proyecto a la Legislatura para prorrogar el plazo.
Más del 50 por ciento de las mediaciones terminan con un acuerdo entre los involucrados según indican datos oficiales del Gobierno de la Provincia. “Esto implica un avance y una carga mucho menor de causas para la Justicia”, dijo a El Tribuno Federico Uldry, secretario de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia. Desde que empezó a regir la ley 7.324, se realizaron unas 38.000 mediaciones en 70 centros gratuitos que dependen de la Provincia. La conciliación también puede hacerse en centros privados, donde atienden profesionales habilitados por la Provincia.
“Estamos teniendo reuniones con los que trabajaron en el tema para elaborar un balance de la aplicación de la ley en estos años y analizar la posibilidad de prolongarla. La idea es extender la mediación obligatoria o hacer que quede establecida como algo definitivo”, detalló Uldry.
El funcionario adelantó además que se evalúa la posibilidad de que los acuerdos que firman las partes cuando llegan a un arreglo en una mediación se homologuen en el Ministerio de Justicia y no en el Poder Judicial, como se hace actualmente.
“Sería una forma de evitar que la gente tenga que hacer un trámite en Ciudad Judicial”, dijo Uldry. La ley establece que lo convenido entre dos ciudadanos que participaron de un proceso de conciliación se debe sellar en un juzgado para que tenga el valor de una sentencia. Problemas entre vecinos por el uso de espacios comunes, desacuerdos entre padres separados por la tenencia de los hijos, disputas familiares y deudas son algunas de las cuestiones que más se plantean en las mesas de mediación.
Si bien todavía no hay datos definitivos que reflejen el impacto de la norma en el volumen de expedientes que manejan los juzgados, hubo una disminución de causas civiles después de 2010. En 2011 entraron al Poder Judicial un 5,9 por ciento menos de casos que el año anterior. La baja marca un claro cambio de tendencia, ya que la cifra venía creciendo gradualmente, por lo menos, desde 2005. Las últimas estadísticas indican que cada día se inician más de 400 nuevos litigios que deberán resolver jueces que trabajan en un sistema siempre sobrecargado. Federico Uldry dijo que el proyecto de ley para prorrogar la mediación obligatoria se enviaría lo antes posible a la Cámara de Diputados.
Llegar a un acuerdo por internet
En Salta, la mediación obligatoria previa al juicio se puede hacer en organismos públicos o privados. En la provincia, también existe un sistema para realizar el proceso por internet cuando una de las partes está lejos.
El proceso de mediación se desarrolla a lo largo de varias reuniones que terminan cuando hay un acuerdo o los participantes deciden llevar su problema a un juicio. La conciliación por internet se hace en oficinas que dependen del Ministerio de Justicia y a través de Skipe, un mecanismo que permite a las partes verse y escucharse con la cámara de una computadora. En la provincia hay 70 centros de mediación públicos que dependen del Gobierno. En Salta Capital, estos espacios funcionan en los Centros Integradores Comunitarios, en el mercado San Miguel y en el Concejo Deliberante.
También hay mediadores en la Justicia y en instituciones como el Colegio de Abogados, el Consejo de Profesionales Agrónomos, Ingenieros y Profesiones Afines o el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Además, existen centros privados que pertenecen a profesionales que están habilitados por el Ministerio de Justicia y cobran aranceles particulares. Los acuerdos que se firman en estas oficinas también son reconocidos por la ley.
Solo con una acreditación de que se participó en un proceso de conciliación en cualquiera de estos organismos y no hubo un acuerdo, se puede ir a un juicio en la Provincia.

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