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Yatasto

Cuestionan la reforma del Código Procesal Penal

La absurda detención de Mauro, el chico de 17 años privado de su libertad injustamente por la agresión del hincha de San Lorenzo, puso evidencia la poca afortunada reforma del Código Procesal Penal de Salta, impulsada por el Gobierno de la Provincia, que faculta a la Policía a detener personas sin orden judicial y le da al Ministerio Público un poder superior al de los jueces.

El Ejecutivo hizo oídos sordos a los cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad y hoy, a poco menos de tres meses de la promulgación de la norma, los resultados demuestran que la reforma de marras no solo vulnera derechos elementales de las personas, sino que contraría los términos de la Constitucional Nacional, la Constitución Nacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Frente a esta situación, ayer el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia presentó una acción popular de inconstitucionalidad de la ley 7799, promulgada el 11 de diciembre de 2013 ante la Corte de Justicia de Salta. Un planteo de igual tenor realizaron por derecho particular los abogados Pedro García Castiella y Pastor Rubén Torres y el diputado trotskista, Claudio del Plá. Acompañado de sus colaboradores, a las 10, el presidente del Colegio de Abogados, Eduardo Jesús Romani, se presentó con el escrito en la mesa de entrada del Tribunal Superior de Justicia, minutos antes de que se venciera el plazo que otorga la ley para estos casos.
En el escrito de García Castiella, Torres y Del Plá se solicita la inconstitucionalidad de los artículos 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21,22, 26, 27 y 28 de la ley 7799. Como prólogo de los fundamentos transcriben conceptos de la obra “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta”, anotado con jurisprudencia local, de Roberto G. Loutayf Ranea y María C. Montalbetti de Marinaro.
Citan una serie de artículos de la Constitución Provincial que son violentados por la reforma en cuestión, haciendo hincapié en lo relacionado a los “deberes y derechos individuales”. Se expresa que “todos los habitantes de la provincia son, por naturaleza, libres y tienen derecho a defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad, actividad, prosperidad, intimidad personal y familiar, así como en su propia imagen”.

A juicio de quienes plantean la acción de inconstitucionalidad, estos deberes y derechos se ven vulnerados por el artículo 20 y demás denunciados de la ley 7799. También hacen referencia a la indelegabilidad de facultades. “Los poderes públicos no pueden delegar facultades conferidas por esta Constitución, ni atribuirse otras que las expresamente acordadas por ella”, advierten. De igual forma sostienen que la reforma viola la defensa de la persona y sus derechos en sede judicial, administrativa y en el seno de las entidades de derecho privado.
Viola leyes superiores
El escrito de los abogados refiere que la reforma del Código Procesal Penal también vulnera los artículos 19 y 20 de la Constitución Provincial, referidos a la libertad personal y a la responsabilidad penal de las personas. “La libertad personal es inviolable y nadie puede ser detenido sin orden de autoridad judicial, salvo el caso de flagrante delito y demás excepciones extraordinarias que prevé la ley”, establece la Carta Magna.

Sin embargo, con la reforma sancionada por los legisladores se faculta a la policía a producir detenciones sin orden judicial. Además, los letrados consideran que se violan los derechos a la privacidad y al tránsito que también están consagrados en la ley máxima de la provincia. Al mismo tiempo expresan que la reforma del Código Procesal lesiona artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos.

Además, advierte que se vulnera el artículo 4 de la Constitución Provincial, donde aparecen perfectamente diferenciados los roles del Poder Judicial y el Ministerio Público. “Como habremos de comprobar, esa independencia orgánica y funcional queda seriamente vapuleada por la ley 7799 en artículos específicos que colocamos en crisis”, sostiene el escrito de los abogados García Castiella y Torres y el diputado Del Plá.

En relación con las amplias facultades que la reforma les otorga a los fiscales por encima de los jueces, los profesionales advierten que “cuando se coloca en cabeza del Ministerio Público, algunas facultades que son propias y específicas del Poder Judicial, lo que la ley hace es una delegación que no solo no está autorizada, sino además prohibida constitucionalmente”. (Fuente El Tribuno)

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