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Fuerte debate sobre la polémica por casos de Violencia ciudadana

Los llamados “linchamientos” que ocurrieron en los últimos días en el país, entre los cuales se cuenta el fallecimiento de un joven por la golpiza de un grupo de vecinos en Rosario, generó una fuerte controversia entre dos analistas que evaluaron en las motivaciones y consecuencias de quienes llevan adelante ese tipo de acciones. Los abogados Carlos Maslatón y Mariano Gutiérrez cruzaron opiniones con posturas antagónicas en una discusión en la que llegaron al punto de acusarse mutuamente de racistas.

“Hay que matar a los delincuentes que son capturados infraganti”, fue la frase que Maslatón escribió en su Facebook y que disparó el debate. El letrado ratificó esas palabras y responsabilizó al Estado de provocar las acciones de los vecinos: “Esto pasa porque no se reprime el delito, tenemos un país que promueve la impunidad del crimen”.

“La gente se defiende como puede. Desde el punto de vista sociológico, es una insurrección de gente que se quiere proteger”, señaló. Y consideró que a la hora de analizar la conducta de quienes atacan de ese modo a los delincuentes “hay que aplicar el concepto de legítima defensa planteada de manera más dura”.

Gutiérrez, representantes de la Asociación Pensamiento Penal, calificó el a análisis de Maslatón de “erróneo y repudiable”. También lo acusó de incurrir “racismo oculto” al preguntarse si la reacción que planteaba su interlocutor era aplicable a otros delitos, como para quienes compran repuestos truchos o quienes estafan al Estado. Gutiérrez disintió además de su colega respecto al papel del Estado y apuntó que cada vez hay más presos en las cárceles. Y respecto a una aceptación del linchamiento como método, lo espetó: “¿Quiere decir que si no existiera Estado nosotros nos comportaríamos así, mataríamos a la gente en la calle?”

Maslatón rechazó las críticas y sostuvo que “los que linchan no son delincuentes”. Admitió, no obstante, que “las personas que se están defendiendo pueden cometer un exceso en la defensa. La señal que el Estado manda es que se puede cometer delitos. Esto hace que se sobrerreaccione”, indicó. Y anticipó que “este tipo de cosas van a seguir pasando mientras la dirigencia política no acepte que al delito hay que combatirlo”.

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