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José Sbatella: “Hay complicidad de algunos jueces en el lavado de dinero”

Yatasto

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El debate por el crecimiento del narcotráfico en Argentina acaparó la gran mayoría de los hechos políticos de la semana. Primero fue la Iglesia la que advirtió del flagelo, luego la siguió la Corte y finalmente se escuchó la voz del Gobierno, quien primero minimizó la inseguridad de las fronteras y luego la asumió. “Argentina es un país que le permite hacer negocios económicos y quedarse a algunos narcos”, aseveró José Sbatella sobre la aparición de narcotraficantes de otros países en suelo nacional.

El titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sostuvo que el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, “nunca” pidió colaboración a la UIF en temas de narcotráfico y señaló que “la responsabilidad de la represión del delito es de las fuerzas de Seguridad y no de la Sedronar”. “La voluntad política tiene que estar en el camino del dinero, ¿yo para qué quiero a los dealers presos? Si no les doy oferta no entran ni los dealers”, concluyó.

¿Cómo tomó todo este debate que se reabrió sobre el aumento del narcotráfico en Argentina?
En realidad, para nosotros la incógnita es cómo de golpe se descubre este tema cuando en la práctica ha habido toda una política de Estado, y en especial desde la UIF, de estar cumpliendo con los estándares internacionales no solo porque hay que cumplir, sino porque ha sido voluntad política modificar el tema institucional y legal de modo de poder seguir el camino del dinero. La experiencia de la Argentina era prácticamente nula y, en alguna medida, cuesta que el sistema judicial argentino tome el camino del dinero como uno de los factores fundamentales en la lucha contra el delito de alto nivel.
En casi todas las formas de investigación, (la Justicia) se queda en el primer delito, en el caso del narcotráfico en los dealears y en los distribuidores de primera instancia. En el caso de trata de personas pasa lo mismo: cae la madama, cae el prostíbulo pero no cae la organización que mueve las personas a nivel internacional. A los jueces les molesta abrir las causas al delito económico, en algunos casos para no tener más trabajo y en otros por complicidad. Esa es una cuestión que no estaba en la cultura judicial argentina hasta que se aprueba la ley de lavado.
Para muchos, la ley de blanqueo impulsada por el Gobierno es un escenario muy propicio para los narcotraficantes.
Hay un estándar internacional para esta cuestión. Lo que se perdona a nivel internacional en este esquema es solo lo que proviene de delitos de evasión tributaria, y todo el sistema antilavado es solo perdonar al delito de los evasores de impuestos. Todo lo demás se reporta como sospecha de que determinados fondos no vendrían de evasión impositiva. Esos son los casos que se investigan.
El narcotráfico mueve miles de millones de dólares anuales en el país, ¿dónde está toda esa plata?
Por lo que hemos visto nosotros en las cuatro causas más importantes que han salido a la luz pública, tienen bienes en propiedad, casas en Nordelta, casas en Abril, empresas agropecuarias e inmobiliarias. Está el caso de Meyendorf, un narco colombiano, que desde 2006 estaba acá y se lo había procesado inicialmente por contrabando de divisas, luego se lo sobresee por ese delito y nosotros lo volvimos a retomar gracias a que se pidió la captura internacional. Ese cartel era el que lleva los submarinos en el Golfo y estaban acá. Creemos que esa estructura no solo estaba para producir y distribuir sino que estaba también para descansar en Argentina. Es un lugar que le permitía hacer negocios económicos y quedarse.
Usted dice que Argentina les permite hacer negocios económicos a los narcos, ¿por qué cree que pasa eso?
Porque el camino del dinero es difícil para la Justicia y no ha tenido voluntad. El sistema no generaba la posibilidad de investigar el delito de lavado o es complicado porque se abre una flor de personas detrás de cada camino del dinero que le cuesta a un juez llegar a determinar las responsabilidades. Con el argumento de que (a los jueces) les falta gente o recursos, el camino del dinero se investiga poco. Nosotros ahora tenemos 180 causas en las que estamos colaborando con la Justicia, y en las que vemos que hay un interés concreto y posibilidades de aportes muy reales vamos como querellantes. En la práctica, en el delito de guante blanco el mayor daño no es la prisión, porque si tiene la plata viven como reyes allí, sino extraerles el poder económico. Y eso es un poco lo que nosotros salimos a decir en esta discusión. Acá no es que no hay voluntad ni instrumentos institucionales, la estructura judicial argentina no lo tiene como prioridad y es el que permitiría en el largo plazo la destrucción de las mafias. Nosotros estamos probando esto en el caso de Tucumán, para alcanzar los bienes económicos del grupo Ale, que tenía controlada la ciudad de Tucumán.
¿Cuántas colaboraciones les pidió el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, en causas por narcotráfico?
De las 110 colaboraciones que tenemos en Orán, no hay ninguna por narcotráfico; la mayoría son por contrabando de divisas. El juez Reynoso nunca nos pidió colaboración en temas de narcotráfico. Las colaboraciones que estamos teniendo en Orán y la zona norte no vienen del lado judicial por lavado de dinero. Nosotros queremos instalar en la opinión pública que la UIF tiene condiciones de hacer investigaciones patrimoniales pero que requerimos de la contraparte de que el camino del dinero sea una prioridad.
Independientemente del lavado de dinero, ¿coincide con la Iglesia en que hay un aumento del narcotráfico en Argentina?
Yo coincido en que han aparecido casos resueltos con detenciones. Se neutralizó el peligro de ser proveedores de sintéticos por la efedrina. Siendo director de la Aduana me tocó el caso de “manzanas blancas” y vi la impunidad con la que se fueron los serbios. Allí se tuvo la prueba total de que había lavado de dinero y sin embargo fueron liberados igual. Hay una experiencia de frustraciones de la gente involucrada en investigaciones que no puede llegar a concretar la detención.
¿No cree que hay medidas desde el Estado que contribuyen a lo que está pasando como el retiro de gendarmes de la frontera?
Yo entiendo que es un problema de recursos por un lado, pero también de ejemplificación. Si el esquema de sanciones de estos delitos no avanza todo se complica. Si yo no puedo entrar a decomisar los bienes del grupo Juliá, que puso 32 millones de euros en Europa, la sensación que queda para abajo es que si eso es impune todo lo demás es relativo. Si yo no puedo sacarle los bienes porque me dicen que el lavado no se produjo porque no se vendió la droga, alguien me tiene que responder de dónde sacaron la plata para poner 32 millones de euros en droga en España.
Y también habría que preguntarse cómo salió la droga de Argentina a España
(Silencio) Vamos a la logística que es lo que a mí me interesa. ¿Quién financió a los Juliá? Hay casos en los que hay que actuar en materia de lavado de dinero. Es este caso, el de Logroño, el de “Mi Sangre”.
O sea que usted cree que el principal problema es la impunidad que la Justicia le brinda a los narcos y no la responsabilidad estatal.
Exactamente. La responsabilidad estatal está jugada con los instrumentos que hay y yo no creo que todo el Poder Judicial esté comprometido en la impunidad.
Otro caso llamativo es que el Sedronar esté acéfalo hace seis meses, ¿no le llama la atención?
Creo que eso tiene que ver con otra discusión que aún no está saldada en Argentina, que es que la demanda es un problema sanitario y a lo que hay que enfocarse es a la oferta. Hay que atacar la oferta, y lo otro es un problema del Ministerio de Salud. Pero lo de fondo es la oferta y la financiación de la oferta. La voluntad política tiene que estar en el camino del dinero, ¿yo para qué quiero a los dealers presos? Si no les doy oferta no entran ni los dealers.
El tema es que haya dos o tres casos de sanción concreta a los que organizan la logística de distribución y exportación. La responsabilidad de la represión del delito es de las fuerzas de Seguridad y no de la Sedronar. (El Tribuno)